Salvador García Soto
El Universal
Si la realidad es percepción y la percepción dice que los mexicanos se sienten inseguros y perciben una violencia fuera de control, y un Estado rebasado por la guerra que él mismo desató, entonces ésa es la realidad. Las expresiones de la sociedad no comparten el optimismo oficial que celebra que “ya capturamos a 51% de los criminales más buscados”; son muestras del rechazo al argumento de la violencia como “mal necesario” y como señal de que “avanzamos en la estrategia”; de que muchos no se resignan al miedo y la zozobra, ni a que la vida de civiles inocentes sean sólo “daños colaterales”.
El lunes, en Los Pinos reaccionaron con molestia ante la campaña “¡Basta de sangre!” lanzada por cartonistas e historietistas, y retomada de inmediato por otros grupos sociales. Lejos de escuchar el planteamiento de fondo de quienes piden que pare la violencia y se ponga freno a la espiral sanguinaria de muerte, crueldad y desprecio por la vida humana que se abate sobre México, la respuesta del gobierno de Calderón fue mandar a su vocero, el iracundo señor Poiré, a contestar con cifras y porcentajes que, por ciertos que sean, no impactan ya la percepción ciudadana.
Porque si de cifras se trata, al menos tres datos, dos internos y un externo, contradijeron el discurso oficial. Desde afuera, México fue visto y ubicado como uno de los seis países más violentos del mundo por el Barómetro de Conflictos 2010 de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, que por primera vez dio el grado 5 —en una escala del 1 al 5— al conflicto por el narcotráfico en territorio mexicano, al que catalogó como “guerra”. El instituto que realiza anualmente ese análisis mundial de conflictos comparó los niveles de violencia en México con los que viven países como Afganistán, Paquistán o Somalia.
Pero si desde afuera la percepción es negativa, adentro también hay indicadores recientes que documentan el cansancio y hartazgo ciudadano ante la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico.
El INEGI reportó que el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) disminuyó en 2010 para ubicarse por debajo de los niveles del año 2009. Es decir, que los ciudadanos sienten que la inseguridad es peor que hace un año y creen que todavía empeorará más en el año que comienza.
Una investigación documental del sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo, publicada en la revista Nexos, expone que entre 2008 y 2009 los homicidios en México tuvieron un crecimiento brutal “por encima de toda lógica social y de cualquier tendencia estadística previa”, y con base en el análisis de las actas de defunción registradas ante el INEGI en todo el país, logra probar que los lugares donde más se dispararon los asesinatos violentos y se disparó el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes, fue precisamente en donde hubo presencia del Ejército o de los operativos federales de combate al narcotráfico.
Es decir que, del incremento de 5 mil 100 crímenes más que hubo de 2007 a 2008, y otros 5 mil 100 asesinatos más de 2008 a 2009, Escalante concluye, tras su cruce de documentos, estadísticas e información, que, si bien hay otros actores armados y una crisis del orden desde los municipios, el aumento de los homicidios y la violencia asociada a ellos no fue sólo por “las disputas entre narcotraficantes por los territorios”, que suele ser el argumento oficial más socorrido, sino que buena parte de la violencia también se genera por la forma en que el gobierno combate a la delincuencia con sus operativos centrados sólo en la fuerza.
La conclusión es que cada vez más mexicanos perciben una situación de violencia fuera de control. “¡Basta de sangre!”, resume el clamor de quienes no piden que cese el combate al crimen ni al narcotráfico, pero sí exigen modificar y ajustar la estrategia gubernamental que ha ensangrentado a buena parte del país para que, sin dejar de perseguir a los criminales con toda la fuerza del Estado, la prioridad del gobierno y del presidente Calderón no sea “acabar con la droga” —que, por lo demás, difícilmente se acabará—, sino proteger a los ciudadanos y dar a la población la tranquilidad y la seguridad que exige y a la que tiene derecho.
