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Monday, August 1, 2011

¿Quién desprestigia a la Marina, señor secretario?

La guerra, cuando se libra a la mala y sin obtener resultados, suele generar desesperación en los altos jefes militares y sacar a flote sus más siniestras y típicas obsesiones. De pronto, el tiempo y las fronteras se borran y el discurso característico de los gorilas que ensangrentaron América Latina vuelve a escucharse en nuestro país. Formados, casi todos, bajo la égida de Washington y al amparo de la tristemente célebre doctrina de seguridad nacional, los jefes de las fuerzas armadas en nuestros países suelen poner en la mira a quienes defienden los derechos humanos.
Ese discurso, esa doctrina de la que hoy se ha hecho portavoz y en presencia del propio Felipe Calderón, el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, ha conducido en El Salvador, Colombia, Guatemala, Argentina y Chile al asesinato de defensores de los derechos humanos y a la conversión, por parte del poder, de las organizaciones ciudadanas empeñadas en esa tarea, en un objetivo más de la acción de las fuerzas armadas.

Decir lo que Saynez ha dicho ha representado la muerte para miles de personas en América Latina y me temo que México, más estando las cosas como están, no será la excepción. Cortos se quedan los defensores de derechos humanos que han exigido una disculpa pública al gobierno federal por lo expresado por el almirante. No se trata de un arrebato retórico, sino de la formulación de una parte esencial de la doctrina autoritaria. No fue una torpeza del funcionario, sino una amenaza real y presente.

Resulta además altamente significativo que sea el jefe de la Marina, el mismo cuerpo que utilizo el cadáver de un narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva, para “enviar un mensaje” a sus enemigos, utilizando las mismas tácticas criminales, el que ahora denuncie la existencia de una vinculación perversa entre organismos defensores de derechos humanos y el crimen organizado.

Dice Saynez que “la bandera de los derechos humanos” y “los grupos ciudadanos” son utilizados por el crimen organizado con “el malévolo fin de obstruir la participación de las fuerzas armadas, a las que manchan, en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”. Reitera el almirante que organismos defensores de derechos humanos son “usados” con la intención de que “caigan en el perverso juego de los criminales”. Los convierte, a quienes se oponen a la guerra y a las violaciones de los derechos humanos que en ella se producen, en tanto obstáculo para el cumplimiento de su misión, en parte de ese enemigo al que se ha de aniquilar.

Y hace esto el almirante frente a Felipe Calderón; el hombre que ha hecho de la guerra un instrumento de legitimación, una herramienta propagandística y electoral. Lo hace ante un hombre cuya vocación autoritaria y su criminal ineptitud han hundido al país en el abismo. Lo hace ante quien, de bote pronto y sin mediar investigación judicial alguna, criminaliza a las víctimas y considera que, como “se matan entre ellos”, tanta muerte en nuestro país es un claro índice de que la guerra contra el crimen organizado se esta ganando.

Habla además así el almirante cuando quedan menos de 500 días para que este gobierno termine y cuando las prisas y los intereses electorales harán a Calderón presionar para que las fuerzas armadas le entreguen resultados. Resultados a cualquier costo, resultados a pesar de los obstáculos que pueden representar aquellos que denuncian los crímenes del poder, que se oponen a la violación sistemática de los derechos humanos, que se esfuerzan en defenderlos y que denuncian, por fallida, por sangrienta esta guerra que sin perspectiva de victoria se libra en nuestro país.

En el mismo saco ponen Saynez y Felipe Calderón a criminales y defensores de los derechos humanos. Más allá de la postura propagandística hacen patente su deprecio por la organización ciudadana, por el clamor de paz, por la indignación ante la pérdida de tantas vidas inocentes. La falsa disyuntiva vuelve a presentarse o con Calderón —y en este caso con la Marina— o contra México.

Declarada esta guerra sin considerar los instrumentos judiciales para la consignación de los delincuentes resulta mas fácil matarlos que apresarlos. Desplegada masivamente la tropa, con todo su poder de fuego y establecida la coartada del “se matan entre ellos” tienen jefes y oficiales carta blanca para proceder a desaparecer o ejecutar a mansalva. Por eso siempre —y contra lo que regularmente sucede en la guerra— aquí la cifra de bajas mortales supera con creces a la de los heridos.

Y si ya funcionan escuadrones de la muerte y un alto jefe militar se ha pronunciado tan claramente contra los defensores de los derechos humanos, ¿quién va impedir que sus integrantes, en ese afán de “limpiar el país de criminales”, procedan contra aquellos que les estorban? Irresponsable y grave lo dicho por Saynez. Criminal y sintomático que su jefe Felipe Calderón no le hubiera enmendado de inmediato la plana. No es cuestión de que se disculpe el almirante ni de que Calderón pida perdón. Deben los responsables de esta guerra rendir cuentas ante la ley y la nación. Urge que se les ate las manos y se les tape la boca para que no corra más sangre.
Nueva sede panista. Helioflores

Tuesday, September 7, 2010

Militares cometieron un error al atacar a familia: SEDENA


Tras el ataque a una familia por parte de elementos del Ejército Mexicano en Nuevo León, que derivó en la muerte de dos personas (padre e hijo), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió sus condolencias a los deudos y afirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría General de la República, ya realizan investigaciones para castigar a los responsables de este hecho.

“La Procuraduría General de Justicia Militar inició una averiguación previa en la que se realizan las investigaciones correspondientes, para esclarecer los hechos en los que participaron tropas integrantes de una Base de Operaciones”.

En un comunicado, la dependencia argumentó que los puestos de control militares tienen por objetivo combatir la delincuencia en zonas de alta incidencia para lograr la detención de miembros del crimen organizado.

En torno al hecho, los militares afirman que el vehículo en el que viajaban siete personas (madre, padre, dos hijos, yerno y dos nietos) ignoró la indicación de alto en un retén de la Séptima Zona Militar, por lo que los castrenses en un intento por detener a los tripulantes dispararon, provocando la muerte del hijo de 15 años de edad, y del padre, quien falleció en el hospital.

Por su parte, la familia de la cual resultaron cinco heridos, asegura que trataron de rebasar un convoy militar, y eso probablemente molestó a los elementos del ejército,quienes comenzaron a disparar sin antes hacer alguna indicación para que se detuvieran.

Al respecto, Alejandro Poiré, vocero de seguridad del gobierno federal, aseguró que se investigará a fondo el caso. Mientras que la CHDH también condenó los hechos, iniciando una queja de oficio por la agresión.

Quien les manda. Hernández

Pero creen que todo se todo se arregla con un "ustedes disculpen" y aqui está la lana para pagar el velorio. Y apenas hace unos días Felipillo estaba cansado de las cantaletas de que el Ejército viola los derechos humanos...

Calderón, cansado de "cantaletas"

27 de agosto de 2010
Jorge Ramos
El Universal

El presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que comienza a cansarle la cantaleta de que el Ejército viola los derechos humanos.

“A cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el juez y todo”, censuró en entrevista radial con Joaquín López-Dóriga.

Calderón lamentó que la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, haya censurado al gobierno por la ejecución del candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre, pero no a los criminales, “que en un descuido fue, además, [fue] asesinado hasta por el mismo grupo” que dio muerte a 72 migrantes centroamericanos, es decir, Los Zetas.

Calificó de “bestias” y “locos” a los asesinos.

¿Y a los que promueven guerras donde mueren inocentes, cómo se les llama?

Wednesday, April 29, 2009

México: Los militares deben responder por sus abusos

Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 85 páginas, titulado “Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, describe 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008. Los abusos incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles.

“La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos”.

Los abusos continúan ocurriendo porque los responsables no son sancionados, señala el informe, en gran parte debido a que la mayoría de los casos son investigados y juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad.

Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles. En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.

Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran “en servicio” cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos, señala el informe. En general, los agentes del ministerio público locales y federales han permitido que las autoridades militares asuman estos casos.

Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar exclusivamente “para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Este resultado es, además, contrario a una decisión reciente y vinculante de la Suprema Corte que definió “servicio” militar como la “realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña”. Si bien la Suprema Corte no señaló expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados “funciones inherentes” de las fuerzas armadas. Asimismo, la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional, que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.

“México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares”, manifestó Vivanco. “Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco”.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar. Human Rights Watch exhortó al gobierno de Calderón a asegurarse que los abusos graves cometidos por militares contra la población civil sean investigados y juzgados por autoridades civiles ante el sistema de justicia penal, ya sea federal o local.

El informe de Human Rights Watch, “Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública,” se encuentra disponible en:
http://www.hrw.org/node/82542

Para obtener más información sobre el trabajo de Human Rights Watch en México, por favor visite:
http://www.hrw.org/es/americas/mexico

Y aun así, el imbecil enano les quiere dar todo el poder para segir haciendo de las suyas...

Monday, April 27, 2009

Hasta septiembre, iniciativas sobre el Ejército: PRD

El PRD en el Senado consideró que las iniciativas del presidente Felipe Calderón para regularizar la actividad del Ejército en el combate al crimen organizado, deberán esperar para ser dictaminadas hasta septiembre próximo.

Carlos Navarrete Ruiz, coordinador del PRD en el Senado, consideró que el paquete enviado por el Ejecutivo es de gran calado y requiere ser analizado con responsabilidad.

En entrevista, manifestó su esperanza en que nadie "quiera jugar con fuego" y acusar al Congreso de no sacar de inmediato dichas reformas.

El legislador perredista indicó que en los próximos meses prácticamente todos los activos políticos de los partidos se sumergirán en las campañas electorales, previo a la elección del 5 de julio.

Sin embargo, Navarrete propuso que, de aquí a septiembre, se organicen foros de discusión con las iniciativas de Calderón en las que participen expertos y militares para definir con cuidado este tema.

Ja, ja, a ver si es cierto...

Militares con poder

Opacado mediáticamente por la emergencia sanitaria que desató la llamada influenza porcina, el debate sobre la propuesta del presidente Felipe Calderón de legalizar la acción civil de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y combate al narco, que se mantendrán en lo que resta de su sexenio, encierra toda una definición de Estado sobre la forma de enfrentar amenazas como el crimen organizado, pero también la protesta social.

Aunque el debate será pospuesto por el Congreso hasta el mes de septiembre, según acordaron ya el PRI y el PRD para analizar a fondo las propuestas presidenciales, la creación de la figura de “declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior”, que sería casi un estado de excepción aplicado por el Ejecutivo federal en situaciones que pongan en riesgo el orden público, ha sido visto de entrada como un arma de doble filo que propone Calderón.

Por un lado, se trata de darle pleno sustento legal a la actuación del Ejército en labores civiles como la seguridad y el combate al crimen —algo que ya ocurre en los hechos desde hace dos años—, pero por el otro se abre también la posibilidad de institucionalizar en los hechos una “ley marcial” en los casos en que el poder unipersonal del Presidente decida que hay “amenazas a la seguridad interior”.

No hay que olvidar que fueron los propios militares los que presionaron al Presidente y al Congreso para que se legislara en esta materia. El 19 de febrero, en su discurso por el Día del Ejército, el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, urgió a los legisladores a que convirtieran en ley seis jurisprudencias de la SCJN que daban pie al uso civil del Ejército en labores de seguridad, por parte del Presidente.

El problema es que hasta ahora la actuación del Ejército en esas labores no ha estado exenta de abusos, violaciones de garantías y hasta algunos asesinatos de civiles —incluidos niños— que fueron ejecutados por militares al ser confundidos con delincuentes o porque no hicieron alto en un retén. Los casos han sido plenamente documentados por la CNDH, que ha denunciado incluso el uso de la tortura como elemento sistemático en las detenciones arbitrarias de los militares.

¿Eso es lo que propone legalizar el Presidente? Hasta ahora las más de 10 recomendaciones de la CNDH por violaciones graves de garantías cometidas por soldados no han sido todas atendidas a cabalidad, y los visitadores de la comisión se quejan de que las denuncias recurrentes en los últimos meses son ignoradas y minimizadas por la Sedena, que incluso presenta informes médicos falsos sobre presuntos delincuentes que aparecen golpeados y lastimados por acciones de tortura. En el último informe anual de la CNDH se consignó que fueron presentadas en 2008 mil 230 denuncias contra elementos castrenses por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales, de las cuales ninguna se investigó ni se informó si fueron remitidas a la justicia del fuero militar, en la que el Ejército es juez y parte.

Si ya ahora, que no tenían sustento legal avalado por el Legislativo, incurren en esas violaciones y desdeñan la exigencia de castigo a sus miembros que dañan las garantías fundamentales en su labor de combate al narco, ¿cómo actuarían los militares en un escenario donde tengan todo el reconocimiento legal a su actuación en materia de seguridad?

La decisión del presidente Calderón de mantener al Ejército en las calles, en el combate al narco y en labores de seguridad durante todo su sexenio —anunciada no por él sino por un funcionario de segundo nivel en su gabinete—, representa la decisión de Estado de hacer permanente algo que fue una medida excepcional y de emergencia. Es también la aceptación de que han fracasado todos los planes para reformar, limpiar y eficientar a las policías federales, pero por encima de eso representa el riesgo de desdibujar el proyecto nacional que está en nuestra Constitución y avanzar, con el válido argumento de la seguridad y la amenaza del crimen, hacia un Estado militarizado y con un rostro más autoritario que democrático.

Salvador García Soto
Sepientes y Escaleras

Critica CEM blindaje de FCH a Ejército

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) criticó la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional presentada por el presidente Felipe Calderón en torno a la participación del Ejército en el combate al crimen organizado.

En el marco de su 87 Asamblea Plenaria, advirtió que la violencia no es la solución.En conferencia de prensa, el Obispo de Huajuapan, Teodoro Enrique Pino, señaló que el camino de la violencia genera más violencia y que legitimar la presencia del Ejército mexicano sólo se trata de una respuesta emergente a un problema desbordado.

"Muchas veces hay que buscar respuestas inmediatas, seguramente se trata de una respuesta emergente. De ninguna manera la Iglesia está 100 por ciento de acuerdo en un camino de violencia, venga de donde venga", expresó el prelado.

"Ante una situación de emergencia viene ese tipo de respuestas, por otro lado, estabamos analizando que no sería la respuesta 100 por ciento adecuada porque la violencia, si no hay un camino de educación, continuará de otras formas".

A una semana de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo federal envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y establecer una especie de "estado de excepción" que además blinda los operativos del Ejército en actividades policiacas.

En la iniciativa plantea la creación de la figura denominada "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior", con la que se justifica la participación de las Fuerzas Armadas y otras instancias encargadas del combate al crimen.

Propone Calderón Ejército omnipotente

El Senado de la República recibió del presidente Felipe Calderón una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para legalizar el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

La propuesta plantea que el Ejército encabece los operativos por arriba de la autoridad civil, cuando su participación “se considere estratégica para la seguridad interior”, es decir, en los siguientes casos: Sublevación o trastorno interior en una entidad federativa; agresiones directas a las instancias o integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública; actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, entidad federativa o región; y cuando la capacidad de las instituciones competentes para ejercer funciones sea insuficiente e ineficaz.

Asimismo, cuando actos de extorsión afecten a una comunidad o población; y cualquier otra situación que, de no atenderse, podría derivar en una perturbación grave del orden o de la paz pública, o poner a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Por otra parte, el presidente Calderón advirtió que podría regresar a Cancún, Quintana Roo, el clima de ejecuciones y muertes violentas del que fue víctima el general Mauro Tello Quiñones, debido a que no se han renovado las policías municipal y estatal.


Calderón fortalece Fuerzas Armadas: PAN, en San Lázaro

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el general de división Jorge González Betancourt (PAN), sostuvo que las cuatro iniciativas sobre seguridad interna, que envió el Ejecutivo al Senado, tienen el propósito de fortalecer a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.

Rebatió las afirmaciones de la oposición, en el sentido de que el Ejecutivo busca tener facultades para decretar el estado de excepción en la campaña por la seguridad pública, sin pasar por el visto bueno del Congreso.

El general de división aseguró que Calderón hace uso de las fuerzas armadas, que cumplen una de sus funciones relacionadas con garantizar la seguridad interior, que es parte de la seguridad nacional, la cual compete a la Secretaría de la Defensa Nacional.

González Betancourt dijo que "en manuales militares se señala que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada son garantes de la seguridad interior, y en ese sentido (Felipe Calderón) está mandando las iniciativas al Senado.

Felipe Calderón, de acuerdo con González Betancourt, "Pretende legalizar de manera íntegra la acción de las fuerzas armadas en el combate al crimen que a lo largo de más de 40 años se asentó en el país, se armó, organizó con proporciones que ponen en peligro la seguridad interior".

El alcance del paquete de reformas es "darle más firmeza" al combate al crimen organizado, además de que el Ejército no tiene por qué ir contra las garantías individuales de la población, finalizó el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

El pais militarizado se empieza a convertir en realidad...

Friday, October 26, 2007

Aportará México 7 mil mdd a plan con EU: Sarukhán

El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán Casamitjana, dijo que en los próximos tres años México aportaría al menos 7 mil millones de dólares para la estrategia contra el crimen organizado anunciada por el presidente estadounidense, George W. Bush, reporta EL UNIVERSAL. En entrevista con W RADIO, el diplomático dijo que esa cantidad se otorgará a lo largo del proceso de la estrategia, conocida como “Plan México” o “Iniciativa Mérida”. El diplomático mexicano resaltó que el presidente Felipe Calderón requerirá del aval del Congreso mexicano para poder disponer de este fondo. Sarukhán Casamitjana señaló que los recursos se utilizarían en adquisición de equipo, campañas para abatir las adicciones, la rehabilitación y para evitar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos se centraría en disminuir el trasiego de armas y precursores químicos, así como el lavado de dinero.

No hay para educación y cultura, ciencia y tecnología, pero sí para armas...que poca madre.

Tuesday, October 16, 2007

¿Cómo dice que dijo?

RESPINGA GOBERNACION A MOREIRA

La Secretaría de Gobernación rechazó las imputaciones del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés sobre presuntos vínculos del “alto mando” con el narcotráfico (en referencia directa al gobierno federal) y le exigió aporte “de inmediato las pruebas correspondientes”. En un comunicado emitido que reproduce EL UNIVERSAL, dicha dependencia aseguró que el Gobierno de la República “tomó la decisión de utilizar toda la fuerza del Estado para enfrentar al crimen organizado, recuperar los espacios públicos y acabar con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la tranquilidad y el patrimonio de los mexicanos”. Puntualizó que, al igual que en otras entidades de la República, el reciente y preocupante incremento de la delincuencia observado en el estado de Coahuila, ha hecho que el Gobierno Federal actuara con determinación y haya logrado el desmembramiento de importantes grupos criminales a partir de las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Ejército Mexicano, según la reseña de EL UNIVERSAL.

Cuales altos mandos, deben ser seguramente los 'bajos' mandos...

Wednesday, October 10, 2007

10 mil mdp más para 2008, pide el Ejército

El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, acudió ayer a la Cámara de Diputados a solicitar un aumento de 29 por ciento en el presupuesto de 2008 para la dependencia, a fin de adquirir armamento y renovar la flota aérea con la que actualmente opera el Ejército mexicano.

La reunión fue con la Junta de Coordinación Política, que reúne a los coordinadores de los ocho partidos políticos representados en San Lázaro —PAN, PRD, PRI, PVEM, Convergencia, PT, Nueva Alianza y Alternativa—, y ante quienes el general Galván planteó la necesidad de renovar la infraestructura del Ejército, con el fin de garantizar la seguridad nacional.

Los jefes de las bancadas del PRD y Convergencia, Javier González Garza, y Alejandro Chanona, respectivamente, advirtieron que de no incrementar el presupuesto de la Sedena, en cinco años el armamento y las aeronaves del Ejército “estarán en la basura”.

Leer la nota completa


¿Mas presupuesto? Claro, como casi no les asignaron nada en este presupuesto quitandoselo al de cultura y educación...

Tuesday, September 25, 2007

La oposición critica la militarización del país


Angélica Mercado
Milenio


La oposición en el Senado acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber colocado al Estado de Derecho en vilo, al utilizar al Ejército para combatir a una delincuencia que arroja ya la cifra récord de 2 mil 400 ejecuciones, sin que exista una estrategia integral de combate al crimen.

Al destinar la sesión de ayer a la glosa del primer Informe de Calderón en materia de política interior, las bancadas de PRI, PRD y Convergencia demandaron que el Estado de excepción no se convierta en regla y se termine con el abuso de una institución, como es el Ejército, pues los partes de esta “guerra” sólo han demostrado las fallas.

Desde tribuna, el perredista Ricardo Monreal dijo que en casi 10 meses han sido asesinados 160 agentes, mientras que del lado de la delincuencia organizada sólo han sido capturados 20 capos menores y medios.

“No se puede tener al Ejército por tiempo indefinido en las calles”, reclamó el vicecoordinador perredista, al subrayar que la seguridad pública ha quedado supeditada a la seguridad nacional, “y ambas han sido puestas al servicio de una guerra que sabemos cuándo inició, pero no sabemos cuándo terminará y quién firmará la paz”.

El Senado decidió destinar sólo dos sesiones a la glosa. Ayer se revisaron la política exterior e interior y en esta última, la oposición en voz de PRI y PRD criticó los intentos del gobierno calderonista por legitimarse, tras los discutidos comicios del 2 de julio de 2006.

En nombre del PT, la senadora Rosario Ibarra cuestionó la militarización, al acusar que se vuelve al camino ya conocido de usar a las fuerzas armadas para atender las necesidades políticas del régimen en turno.

El senador ecologista Jorge Legorreta respaldó la intervención militar en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, por Convergencia el senador José Luis Lobato coincidió con los perredistas en censurar el uso de las tropas en el combate al crimen.

En su turno la ex secretaria general del PRI Rosario Green advirtió que el Estado de Derecho está en vilo, tal como lo atestimonia el récord de 2 mil 400 ejecuciones de enero a la fecha.

“La presencia del Ejército en numerosas regiones del país, en actividades que por norma corresponde realizar a las policías y organizaciones responsables de la procuración de justicia, también atestiguan ese estar en vilo del Estado de Derecho mexicano”, denunció.

Dijo que la gobernabilidad se ve amenazada, además, por la creciente actividad de grupos guerrilleros, como el EPR, sin que el gobierno haya dicho de qué manera van a responder la instancias de inteligencia.

El PAN se limitó a dar cifras.

Y para muestra basta un botón, del maestro Hernández:

Mandato del Poder Judicial a Calderón y a Ulises Ruiz Ortiz exige presentar con vida a un guerrillero

Diario de Yucatán con información de
El Universal y La Jornada


El Poder Judicial federal, mediante el juzgado segundo de distrito, con sede en Oaxaca, ordenó al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, presentar con vida a Andrés Reyes Amaya, presunto integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR), a cuatro meses de su desaparición.

Jésica Sánchez Maya, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en esa entidad, dijo que la resolución es extensiva a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y a la Procuraduría General de la República.

En conferencia de prensa, Jésica Sanchez detalló que la resolución se produjo después de que ni a Andrés Reyes Amaya ni a Gabriel Alberto Cruz Sánchez —la otra persona reclamada por el EPR— se les encontró legalmente privados de su libertad en ningún sitio policíaco ni militar.

Con base en la petición ampliada de la demanda de amparo, el titular del juzgado segundo de distrito en Oaxaca decretó “la suspensión de plano del acto atentatorio contra la integridad física y la vida del quejoso Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya, consistente en su desaparición para que cese de inmediato”.

El fallo ordena a las autoridades mencionadas que presenten con vida a Reyes Amaya “en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino”.

Monday, September 17, 2007

Disfraza a sus niños de militares...

unafuente.com

LA JORNADA publica este lunes, bajo el encabezado “¿NUEVA ORDENANZA?”, que durante el desfile del 16 de septiembre que fue encabezado por el presidente Felipe Calderón, en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, en el balcón presidencial estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Guillermo Galván y Mariano Francisco Saynes, respectivamente, así como por su esposa, Margarita Zavala, y sus tres hijos. “Los varones –Juan Pablo y Luis Felipe– portaban uniformes e insignias militares de mayor y teniente coronel. Según el Código de Justicia Militar –cita LA JORNADA–: ‘al que lleve públicamente uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones militares, que no esté legítimamente autorizado para usar, o se atribuya grados o empleos del Ejército o de la Armada, que no le correspondan, se le castigará con la pena de cuatro meses de prisión’”.


Y de los moneros:

Helguera. Juguete nuevo

Hernández. Parece que fue ayer...


...Y le piden que le enseñe a sus hijos a respetar la portación de uniformes militares

EL UNIVERSAL informa esta tarde que la portación de uniformes militares por parte de los hijos del presidente Felipe Calderón ayer en la ceremonia del desfile militar, provocó controversia en la Cámara de Diputados. Juan N. Guerra, diputado federal del PRD, consideró que se trató de una falta de respeto, pero también recordó que no se le puede sancionar a un niño. Sin embargo, opinó que a los padres se les debería “reprender” para que no se presenten estas situaciones. “Medio chusco eso. Yo creo que a los niños también hay que enseñarlos a que respeten los uniformes y además es medio aparatoso”.

¿Respeto? ¿qué es eso?

COBRA EL EJÉRCITO PARTIDAS PRESUPUESTALES EXTRAS POR CUIDAR Y PATRULLAR INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE PEMEX, CFE, CONAGUA Y TELECOMM

unafuente.com

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió partidas presupuestales, bajo el rubro de excedentes, de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Telecomm, para la protección y patrullaje de las instalaciones estratégicas. Así lo indica una respuesta a una solicitud de información presentada por un ciudadano, para saber el destino del dinero pagado por las paraestatales relacionado con el servicio de protección a sus instalaciones, y si los militares recibieron alguna parte de este dinero desde 2000 hasta 2005, señala el periódico EL UNIVERSAL. En su respuesta, la Defensa Nacional informó que ningún recurso fue entregado a oficiales o personal de tropa y que todo el dinero se entregó a la Tesorería de la Federación, tal como señala el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación. Sedena, señala EL UNIVERSAL, no aclaró bajo qué partida fueron ingresados dichos recursos o por qué fue “contratada” la dependencia para este tipo de servicios en paraestatales que pertenecen al mismo gobierno federal. Voceros de Pemex y CFE confirmaron la existencia de convenios económicos con la Marina y el Ejército para el resguardo de instalaciones estratégicas, cuyos montos no revelaron por cuestiones de seguridad. Las empresas estatales son auxiliadas mediante patrullajes de cuerpos castrenses, vía terrestre y marítima, en plantas de generación eléctrica, pozos petroleros y plataformas, refinerías, centros procesadores de gas y petroquímicos, entre otros. De acuerdo con datos proporcionados a EL UNIVERSAL por el gobierno mediante la Ley de Transparencia, Pemex dio a Sedena 321 millones 109 mil pesos, de 2002 a 2005; en el caso de la CFE, la paraestatal entregó 206 millones de pesos desde 2003 a 2005, recursos que fueron devueltos a la Tesorería, señaló la Sedena.

No pues ya sabemos porque tanto cariño y dedicación al ejército...

Saturday, September 15, 2007

Presencia castrense tensa fiestas patrias en el Zócalo

Jaime Aviles
La Jornada

Cientos de elementos castrenses vestidos de civil rodean el equipo de sonido del GDF con aparentes intenciones de desconectarlas para impedir el Grito de Los Libres.

Más de mil soldados se encuentran apostados ante Palacio Nacional, en tanto un número imprecisable de elementos de tropas han desplegado un cerco alrededor del Zócalo para controlar a todas las personas que entran y salen de la plaza, mientras cientos de elementos castrenses vestidos de civil rodean las bocinas del equipo de sonido del Gobierno del Distrito Federal con aparentes intenciones de desconectarlas para impedir el Grito de Los Libres. La situación es tensa.

Los organizadores, desde las cinco de la mañana, están convocando a través de los blogs de la resistencia civil pacífica a que todas las personas que se enteren de lo que ocurre se dirijan a la Plaza Mayor.

Coloca EMP detectores de metales en el Zócalo

Previo a los festejos de el Grito, el Estado Mayor Presidencial restringió el acceso a calles del primer cuadro con detectores de metales.

Foto: Gerardo Olvera Reyes

Thursday, August 23, 2007

EU: se afina con México plan contra narcotráfico

Sergio Javier Jiménez y José Carreño Figueras
El Universal


El compromiso estadounidense para apoyar la lucha mexicana contra (los pequeños narcos que se quieren llevar la mayor parte de lo que nos toca d)el narcotráfico y la violencia fronteriza fue subrayado el martes por el presidente George W.C. Bush, al pronosticar que será “suficientemente robusto” (como Agustin Carstens) para lograr sus objetivos.

Bush subrayó que los detalles de la “estrategia común (México-Estados Unidos) para enfrentar un problema común” están en desarrollo pero puntualizó que su país “no estaría comprometido si no estuviera convencido de que el enano presidente Felipe Calderón tiene la voluntad y el deseo de (joder y vender y no) proteger a su pueblo”.

El respaldo estadounidense no incluirá una presencia militar en México ( al menos eso es lo que los medios les van a hacer creer), agregó Bush durante la conferencia de prensa final de la cumbre de países norteamericanos celebrada lunes y martes en este pequeño poblado turístico, a unos 100 kilómetros al este de Ottawa.

El presidente espurio de México, Felipe Calderón consignó que había hecho notar al loco Bush que “nosotros no podemos ni queremos tener” la presencia de soldados estadounidenses “como ha ocurrido en otros países y muy pronto ocurrirá en México”.

Ambos gobernantes subrayaron la importancia de la colaboración para enfrentar lo que calificaron como un serio problema común, pero puntualizaron, cada uno por su lado, que el tamaño y las dimensiones que asumirá el paquete de apoyo estadounidense a México está aún por definirse.

“Discutimos una estrategia común para un problema común: que los dos hicimos fraude y la gente nos sigue desaprobando”, dijo Bush al subrayar que no basta con la intención sino que también es necesario discutir y desarrollar un paquete que sirva para sus propósitos.

De hecho, afirmó que la reunión de Montebello fue “interina” para revisar “dónde estamos” y asegurar que la estrategia sea funcional.

“No es un Plan Colombia... es distinto”, dijo Bush. “Es un plan Mexico (¿pues que no saber leer?) que ocurre en nuestra propia frontera”, añadió y en ese sentido apuntó enfáticamente que “no habrá presencia de las fuerzas armadas estadounidenses” en territorio mexicano.

“No puedo indicar un momento específico cuando el plan estará listo pero habrá un plan”, manifestó Bush, que hizo notar que se trata de una “responsabilidad conjunta” que es también “en nuestro propio interés”, por lo que cuando esté a punto “urgiré al Congreso estadounidense para que lo apoye”.

El presidente Calderón hizo puntos similares y tras precisar que se trata de una estrategia común para enfrentar un problema común (el alcoholismo), subrayó que el narcotráfico y la violencia que genera no pueden ser enfrentados de manera aislada por cada país.

Calderón demandó (uy si...) que Estados Unidos ataque el tráfico de armas hacia México: “Yo sé que podemos hacer mucho más (si seguir consumiendo cocaína hasta por las narices...)” para enfrentar el comercio ilegal (que no ha sido avalado por nosotros) de drogas.

Al término de esta cumbre, que puso de relieve algunas de sus diferencias (de estatura sobre todo), los Jefes de Estado y de Gobierno de los tres países de Norteamérica defendieron el proceso y sus encuentros anuales frente a mitos y consejas de gente que “busca asustar” (que no seamos nosotros con estrategías como la guerra sucia y la política del miedo).

“Creo que es en nuestro interés comerciar, dialogar, en beneficio de nuestros (bolsillos) pueblos”, manifestó el mandatario estadounidense al asegurar que de ninguna manera los acuerdos ponen las soberanías en peligro.

Calderón hizo notar que ante los malos (él es mas malo) entendidos haría falta un “relanzamiento” de la iniciativa regional. Apuntó que como región América del norte ha perdido competitividad. “Simplemente debemos aprovechar de la ventaja de ser vecinos”.

Los mandatarios prometieron continuar con el proceso; de hecho, Bush anunció que espera recibir a sus contrapartes en Texas, mientras Calderón indicaba que será el anfitrión de 2009 “en mi querido país”.

Querido? ja, como si deberas le importara...


Helguera. Plan México