¡Basta de sangre!

Salvador García Soto
El Universal

Si la realidad es percepción y la percepción dice que los mexicanos se sienten inseguros y perciben una violencia fuera de control, y un Estado rebasado por la guerra que él mismo desató, entonces ésa es la realidad. Las expresiones de la sociedad no comparten el optimismo oficial que celebra que “ya capturamos a 51% de los criminales más buscados”; son muestras del rechazo al argumento de la violencia como “mal necesario” y como señal de que “avanzamos en la estrategia”; de que muchos no se resignan al miedo y la zozobra, ni a que la vida de civiles inocentes sean sólo “daños colaterales”.

El lunes, en Los Pinos reaccionaron con molestia ante la campaña “¡Basta de sangre!” lanzada por cartonistas e historietistas, y retomada de inmediato por otros grupos sociales. Lejos de escuchar el planteamiento de fondo de quienes piden que pare la violencia y se ponga freno a la espiral sanguinaria de muerte, crueldad y desprecio por la vida humana que se abate sobre México, la respuesta del gobierno de Calderón fue mandar a su vocero, el iracundo señor Poiré, a contestar con cifras y porcentajes que, por ciertos que sean, no impactan ya la percepción ciudadana.

Porque si de cifras se trata, al menos tres datos, dos internos y un externo, contradijeron el discurso oficial. Desde afuera, México fue visto y ubicado como uno de los seis países más violentos del mundo por el Barómetro de Conflictos 2010 de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, que por primera vez dio el grado 5 —en una escala del 1 al 5— al conflicto por el narcotráfico en territorio mexicano, al que catalogó como “guerra”. El instituto que realiza anualmente ese análisis mundial de conflictos comparó los niveles de violencia en México con los que viven países como Afganistán, Paquistán o Somalia.

Pero si desde afuera la percepción es negativa, adentro también hay indicadores recientes que documentan el cansancio y hartazgo ciudadano ante la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico.

El INEGI reportó que el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) disminuyó en 2010 para ubicarse por debajo de los niveles del año 2009. Es decir, que los ciudadanos sienten que la inseguridad es peor que hace un año y creen que todavía empeorará más en el año que comienza.

Una investigación documental del sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo, publicada en la revista Nexos, expone que entre 2008 y 2009 los homicidios en México tuvieron un crecimiento brutal “por encima de toda lógica social y de cualquier tendencia estadística previa”, y con base en el análisis de las actas de defunción registradas ante el INEGI en todo el país, logra probar que los lugares donde más se dispararon los asesinatos violentos y se disparó el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes, fue precisamente en donde hubo presencia del Ejército o de los operativos federales de combate al narcotráfico.

Es decir que, del incremento de 5 mil 100 crímenes más que hubo de 2007 a 2008, y otros 5 mil 100 asesinatos más de 2008 a 2009, Escalante concluye, tras su cruce de documentos, estadísticas e información, que, si bien hay otros actores armados y una crisis del orden desde los municipios, el aumento de los homicidios y la violencia asociada a ellos no fue sólo por “las disputas entre narcotraficantes por los territorios”, que suele ser el argumento oficial más socorrido, sino que buena parte de la violencia también se genera por la forma en que el gobierno combate a la delincuencia con sus operativos centrados sólo en la fuerza.

La conclusión es que cada vez más mexicanos perciben una situación de violencia fuera de control. “¡Basta de sangre!”, resume el clamor de quienes no piden que cese el combate al crimen ni al narcotráfico, pero sí exigen modificar y ajustar la estrategia gubernamental que ha ensangrentado a buena parte del país para que, sin dejar de perseguir a los criminales con toda la fuerza del Estado, la prioridad del gobierno y del presidente Calderón no sea “acabar con la droga” —que, por lo demás, difícilmente se acabará—, sino proteger a los ciudadanos y dar a la población la tranquilidad y la seguridad que exige y a la que tiene derecho.

Alto a la violencia

Ante el paroxismo de violencia en el que han desembocado las acciones de la delincuencia organizada en el país y la guerra en su contra en la que se empecina el gobierno federal, resulta inocultable que las víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus garantías y su seguridad, el tejido institucional y la integridad moral de la República. Las declaraciones reiteradas y los despliegues –aparatosos, pero sin resultados– de fuerzas públicas frente a escenas de barbarie y crueldad como las que se desplegaron el sábado en Acapulco son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la inacción sociales ante esta catástrofe.

Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente administración, algunos saldos visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son, precisamente, la destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación del poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.

Las cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan alarmantes como el saldo rojo: en este cuatrienio la gran mayoría de los presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados, ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por corrupción judicial o por una combinación de ambos factores. El resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la población y, por la otra, la casi total impunidad de los criminales.

Adicionalmente, los datos –incluso los oficiales– permiten entrever que las diversas modalidades de la delincuencia conforman por sí mismas un sector económico, acaso el más pujante en el contexto de una recuperación incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las ganancias del narcotráfico, como lo señalan diversos especialistas. El lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año tendría que ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la persecución policial y militar no puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.

A pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el sentido de que la mayor parte de los muertos de esta guerra han sido integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es una garantía individual que corresponde a todas las personas, independientemente de su situación jurídica. Y, en rigor, los cerca de 30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del actual conflicto eran inocentes, toda vez que no fueron declarados culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.

La actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia antidelictiva, empeorar la situación de peligro, terror y zozobra en la que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía nacional más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la desintegración institucional que ya se vive.

La defensa de la legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país.

El gobierno calderonista debe asumir, de cara a la sociedad, los costos políticos de su decisión inicial: el emprender una guerra –la expresión es de sus promotores– contra la delincuencia sin contar con la preparación institucional y operativa necesaria, sin comprender a cabalidad la extensión del problema, sin considerar sus aspectos sociales, económicos y financieros, y sin tener la legitimidad política que se habría requerido para convocar al país a la unidad y la movilización contra las organizaciones criminales.

Por definición, a la criminalidad organizada no se le puede pedir que actúe con responsabilidad, apego a derecho o sentido de Estado. Por su propia supervivencia, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a las autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.

Editorial
La Jornada

Caricaturistas mexicanos promueven la campaña '¡Basta de sangre!'

En un país con 30,196 muertes violentas vinculadas a la guerra contra el crimen organizado iniciada por el presidente Felipe Calderón, no es tan difícil imaginar por qué un caricaturista encabeza la campaña ¡Basta de sangre!

Bajo la iniciativa de Eduardo del Río, Rius, uno de los moneros más importantes del país, el objetivo es impulsar, a partir de este 10 de enero, un movimiento ciudadano que exija poner un alto a la violencia que padece el país.

Los promotores, entre los que se encuentran otros caricaturistas mexicanos como José Hernández (@monerohernandez) y Patricio Monero (@monosdepatricio), piden a los ciudadanos que en un pedazo de papel escriban la frase "¡Basta de sangre!" y que la coloquen en sus autos, ventanas y puertas de su casa o en centros de trabajo.

"Estamos proponiendo que no sea una campaña de caricaturistas o de periodistas sino estamos invitando a la gente, a cualquier que esté harto y que crea que esta guerra es absurda y que el crimen no se termina a balazos, que se manifiesten", dijo Patricio en entrevista con CNNMéxico.

En la campaña, en la que participan más de 10 caricaturistas mexicanos, se propone manifestarse en las redes sociales como Facebook y Twitter, usando la imagen realizada por Alejandro Magallanes como foto de perfil o avatar.

En la revista El Chamuco, donde publican sus cartones algunos de los promotores, se recogió la convocatoria: "¿No te sientes mejor por estar haciendo algo por ti y tu familia, y hasta por tu patria? En vez de quedarte con los brazos cruzados esperando a ver a qué horas le toca un plomazo a alguno de tus seres queridos, y entonces sí ponerte a llorar y protestar, ya estás haciendo algo".

La llamada guerra por la seguridad inició en diciembre de 2006 con el presidente Felipe Calderón. Entre las entidades más afectadas por la violencia están Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Guerrero.

Algunas corrientes de oposición, académicos y organizaciones civiles han pedido que se cambie de estrategia en el combate a la delincuencia. Sin embargo, el gobierno federal sostiene que seguirán encarando frontalmente a las bandas del crimen para "garantizar la seguridad" de las familias mexicanas, aunque esto "nos va a tomar pérdida de vidas humanas", según las palabras de Calderón en octubre pasado.

"Nosotros, como colectivo de caricaturistas, al principio del sexenio, desde que tomó posesión Calderón y anunció su supuesta guerra, fuimos los primeros en decir que era absurda y que sólo iba a acarrerar mucho más violencia y asesinatos", dijo Patricio.

En su mensaje de año nuevo, el presidente mexicano dijo sobre la lucha contra el crimen: "puedo asegurarles que estamos avanzando por la ruta correcta y que vamos a derrotar a los criminales, para construir finalmente un México de paz, un México seguro, un México donde nadie esté al margen de la ley y donde nadie viva con temor".

Helguera. Diversión.

El Fisgón. Ya no más.

Hernández . No más...

Los lentes de Jelipillo

Calderón dijo que la violencia en México se debe en gran parte a un problema de percepción. Al parecer el pueblo bueno no percibe que la violencia, como el león, no es como la pintan. Posiblemente, esto se deba a que las gafas del preciso tienen mal calibradas las dioptrías, lo que provoca que una horda parezca “minoría ridícula”.

Así se ve con lentes normales

Así se ve con lentes presidenciales

Tacho

Empresarios exigen a Calderón despachar desde Juárez

A cinco días de la masacre de jóvenes en una fiesta estudiantil, empresarios exigieron al Presidente Felipe Calderón que asuma el control de esta frontera “gobernando desde aquí”, en un intento para detener la ola de inseguridad que enluta a Ciudad Juárez.

Manuel Ortega Fernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCECJ), dijo que los juarenses están hartos de la violencia y pidió que se considere un “estado de excepción” y que sea el propio Calderón quien despache desde esta ciudad fronteriza.

En tanto, organismos civiles se opusieron a la petición de que se envíen cascos azules —militares de la ONU— a reforzar las labores de seguridad, al afirmar que no es con fuerza como debe resolverse la violencia.

Representantes de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de Chihuahua (Cosydhac), del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social y del Comité Médico contra la Violencia rechazaron la presunta aprobación formulada, en la Ciudad de México, para pedir que cascos azules arriben a la ciudad.

La presencia de los casos azules complicaría la situación actual; “no se resuelve con la fuerza, necesitamos restituir el tejido social”, dijo Emilia González, de la asociación Cosydhac.

Hugo Almada Mireles, del Observatorio Juarense de Seguridad Pública, aseguró que fue sorpresivo el anuncio de algunos representantes de los sectores sociales de Juárez sobre la petición de cascos azules. Dijo que esa solicitud no fue consensuada.

“Nunca se mencionó en alguna reunión que se iba a pedir la presencia de los cascos azules”, repitió la directora del Comité Médico contra la Violencia, Leticia Chavarría.

Para vivir mejor. Hernández

ONU pide no prejuzgar a jóvenes masacrados

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, hizo un llamado para que las autoridades mexicanas resuelvan y aclaren el caso del asesinato de 16 jóvenes ocurrido en las primeras horas del domingo pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata, dijo, de un tema que genera “extrema preocupación”, en el que no se debe juzgar ni emitir veredictos a priori, en especial si se trata de vincular con el narcotráfico, y de manera anticipada, a los menores masacrados.

En entrevista posterior a su participación en un foro sobre discriminación contra mujeres, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Brunori dijo que cuesta trabajo aceptar que los jóvenes pertenecían a grupos delincuenciales y, por lo mismo, aseguró, “no me compro ninguna teoría a priori”.

Pidió a las autoridades no generar acusaciones públicas basadas en rumores y, en cambio, que tomen en cuenta todas las hipótesis que consideren necesarias, pero como parte de sus investigaciones.

El objetivo, expresó, debe ser evitar que el crimen de los 16 menores quede impune, y más cuando este tipo de asesinatos también se ha registrado en otros estados del país, como ocurrió en Torreón, Coahuila, donde 10 jóvenes fueron acribillados el fin de semana.

El pasado martes, el presidente Felipe Calderón dijo que existía la posibilidad de que la masacre en Juárez tuviera como origen una disputa entre pandillas rivales.

Ese mismo día, la Procuraduría de Chihuahua dio a conocer el testimonio de un presunto miembro de la delincuencia organizada, quien aseguró que había participado en la matanza y que el móvil de las ejecuciones era que los agredidos trabajaban para el cártel de Sinaloa.

Ayer, la Procuraduría aseguró que, según investigaciones, los estudiantes asesinados no tenían relación con pandillas.

Impune, violencia de género

Durante el foro “Treinta años de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Retos y Perspectivas en México” —organizado por la Corte—, Brunori también denunció que en México la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados o sancionados por los sistemas de procuración y administración de justicia.

Afirmó que “son muchos los contextos en los que persiste un patrón de impunidad. La desconfianza de las mujeres hacia la capacidad de las instancias judiciales —como entes capaces de proteger sus derechos— las desincentiva de utilizar el sistema de justicia. Eso genera un círculo vicioso que es imperativo romper”.

Lamentó que “no obstante los importantes avances registrados en los últimos años, como la aprobación de leyes tendientes a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y prevenir y sancionar la trata de personas, en México aún subsiste una importante distancia entre la incidencia y la gravedad de los problemas que enfrentan las mujeres y la calidad de la respuesta judicial ofrecida”.

Expresó preocupación por el hecho de que México ha recibido varias recomendaciones por no acatar lo dispuesto en la convención, y adelantó que el país será sometido a un nuevo examen en la materia.

Criminalizar a las victimas. Rocha