No obstante, el diputado priísta Arturo Zamora aclaró que los acuerdos implican el intercambio de información y que en este caso no hay reciprocidad ni equilibrio, porque Washington no permitiría que México certificara a sus funcionarios.
En tanto, la dirigencia del tricolor criticó la intromisión estadunidense y, sobre todo, el hecho de que el gobierno federal pretenda minimizarla.
Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, indicó que la injerencia de un gobierno extranjero en el país es un expediente abierto para el gobierno federal, y condenó los intentos de la administración calderonista de ocultar lo evidente, como sucedió con la Operación Rápido y Furioso.
Por otra parte, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo que el sometimiento de altos funcionarios mexicanos de seguridad y justicia a agentes y personal del gobierno de Estados Unidos es una evidente y clara violación a la soberanía nacional.
Es una verdadera afrenta, es vergonzoso que en el territorio nacional las autoridades mexicanas, algunas incluso militares, estén bajo el mando de personal del gobierno de Estados Unidos. Es absolutamente condenable que esto suceda y una afrenta para las instituciones encargadas de la seguridad pública y de seguridad nacional, aseveró el dirigente perredista.
El diputado Zamora agregó que la certificación a funcionarios de la SSP y la PGR no surge por mero interés de una de las partes; descansa en el tratado de Palermo, pero aclaró que en este caso la revisión es unilateral. Esto nos coloca en una situación de desventaja, porque se ignoran nuestros derechos y sólo se exigen obligaciones.
Agregó que dicho tratado establece la obligación de los estados de cumplir con el intercambio de tecnología e información para combatir el terrorismo, la trata de personas, la falsificación de papel moneda y el tráfico de genoma humano, entre otros, pero existe un límite: que por ningún motivo habrá injerencia de un país en otro.
Al respecto, el coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez González, reprochó que el gobierno de Calderón haya admitido la incursión disfrazada de militares estadunidenses a territorio nacional, así como la ubicación de una base de agencias de inteligencia y antidrogas de Washington en México.
“No aceptamos ninguna certificación, la repudiamos y no le damos a Estados Unidos ninguna autoridad moral ni política para que califique a los funcionarios. Eso lo califica el pueblo de México y nada más.”
Rechazó que él, como coordinador del PT, haya sabido “de los acuerdos en lo oscurito de Calderón y Barack Obama, que nos dejan en una situación de vulnerabilidad porque desde Estados Unidos prácticamente nos están dando órdenes de seguir su método y su receta”.
A su vez, el diputado Mauricio Toledo, del PRD, consideró que no sólo el gobierno de Estados Unidos debe modificar su política de fiscalizar y criminalizar a otros países, sino que la administración de Calderón no tiene por qué ceder territorio nacional, autonomía y soberanía nacional por sus acuerdos con Obama.
Expuso que la tendencia del gobierno panista es “preservar un Estado policial, autoritario, que sigue los dictados del gobierno norteamericano (sic), aun cuando se viole la soberanía con claros ejemplos como la Operación Rápido y Furioso, la intervención de agentes y la certificación”.
La dirigencia del PRI lamentó que no exista la misma firmeza del gobierno federal para impedir prácticas que lesionan la soberanía que para negar acciones que con el tiempo terminan por conocerse. El vocero del tricolor, David Penchyna, recordó que el Congreso llamó a comparecer a la canciller Patricia Espinosa y al titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que expliquen la subordinación de la estrategia de seguridad nacional al gobierno de Estados Unidos.
Zambrano señaló que las revelaciones sobre la participación de agentes de la CIA, la DEA, la FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos en el combate al crimen organizado en México hacen urgente la comparecencia de Blake y Espinosa, y aseguró que en conversación telefónica, el primero se mostró dispuesto a informar todo lo relacionado con el caso.
Enrique Méndez, Ciro Pérez y José Antonio Román
La Jornada
