MÉXICO, D.F. (Proceso).- La puesta en libertad de Jorge Hank Rhon el martes 14 significó uno de los más severos reveses del gobierno de Felipe Calderón y de Marisela Morales Ibáñez, quien se estrenó como titular de la Procuraduría General de la República hace apenas un par de meses.
Tras haber sido detenido en Tijuana, Baja California, el sábado 4, enviado fugazmente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el Distrito Federal y recluido en el penal El Hongo de la ciudad bajacaliforniana de Tecate acusado de acopio de armas, su caso acabó por poner en evidencia las fallas de la PGR, pero, sobre todo, lo que analistas consideraron como la anunciada guerra sucia preelectoral contra figuras prominentes del PRI.
El fallo que dejó libre al dueño del Grupo Caliente y a 10 de sus colaboradores y escoltas también hizo evidente el uso de la PGR como instrumento de persecución política y la utilización del Ejército para adulterar evidencias. Esto quedó demostrado con las alteraciones que la juez novena de distrito, Blanca Parra Meza, halló en el parte militar que sirvió de base para encarcelar, primero, y luego liberar a Hank Rhon.
Y aunque la titular de la SIEDO, Patricia Bugarín, dijo que la PGR apeló el fallo judicial y espera que se revoque la resolución, lo cierto es que el veredicto de la juez se sustenta en tres puntos sustanciales: que el Ejército irrumpió en la residencia de Hank Rhon sin orden de cateo, que no hubo flagrancia y que el parte informativo rendido por los militares no coincide con la realidad.
Sobre el empresario priista siguen gravitando las sospechas de que es mafioso, presunto lavador de dinero y hasta asesino, pero volvió a pisar la calle…
Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1807 de la revista Proceso, ya en circulación.

Aunque no lo parezca. Hernández
No comments:
Post a Comment