Colapso

Carmen Aristegui

El impacto que se anticipaba para nuestro país de la crisis mundial está ya registrado en los informes que se han dado a conocer en los últimos días. La dimensión y profundidad del daño es tal que se requiere de medidas y respuestas de auténtica emergencia. El desplome de la actividad económica ha llegado a cifras y niveles que no se veían desde hace 70 años y los efectos sociales son ya inconmensurables.

Son urgentes medidas de contención social y apuntalamiento para los más desprotegidos, especialmente para los jóvenes, so riesgo de desbordamientos, mayores índices de criminalidad y descontento social generalizado. No hay tiempo que esperar. El sentido de urgencia debe estar presente entre todos los órdenes y órganos de gobierno, los sectores productivos y las múltiples organizaciones que existen en nuestro país.

La pasividad y la inacción, en un contexto como éste, son inadmisibles. Sin retórica, el país está obligado a alinear esfuerzos para contener, a ver de qué manera, los devastadores efectos que una crisis de esta magnitud ha traído y seguirá trayendo para la población cada vez más vulnerable. Una reforma fiscal más equitativa, que amplíe la base tributaria y que atempere la brutal concentración de los ingresos; revisión inmediata de la eficacia y alcance de los programas sociales y, por supuesto, una reorientación urgente en el ámbito presupuestal.

El ejercicio del dinero público debe ser sometido a una evaluación inmediata y extraordinaria, y revisarse, sin tardanza, las prioridades en el gasto público nacional. No son tolerables ni subejercicios ni despilfarros. Y mucho menos ocurrencias. Decidir, como lo anunció Calderón esta semana, un gasto millonario para producir cédulas de identidad biométrica en medio de esta crisis es peor que un chiste cruel. Es obvio que las prioridades están en otro lado.

Pobres, desempleados, jóvenes y mujeres son las franjas de población más afectadas que deben recibir, sin dilación, apoyos y opciones reales con medidas inmediatas, concretas y certeras. En juego van muchos asuntos, empezando por una estabilidad social amenazada. El Banco de México ha anunciado que la economía caerá hasta 7.5 por ciento en 2009. Tres puntos más de lo que la banca central había considerado apenas hace tres meses.

Se ha reconocido que en la primera parte del año la caída ha llegado al 11 por ciento. Los ingresos fiscales registran sus peores marcas con una recaudación, que de por sí ya era infame. Tocado fondo o no, la debacle es inocultable. En materia de empleo, considerando sólo el sector formal de la economía -que no necesariamente es el dominante-, la pérdida será de por lo menos 735 mil plazas sólo en 2009.

Las remesas se han contraído severamente. En seis meses los envíos familiares se redujeron en casi 12 por ciento, afectando el ingreso de divisas y a millones de personas que viven de éstas. La caída en los ingresos petroleros alcanza casi el 60 por ciento. El crudo mexicano ronda ahora los 60 dólares.

Los recortes no se han hecho esperar y en dos tandas han rebasado ya los 80 mil millones de pesos. Oficinas públicas en lugares del país han cerrado puertas y parado actividades. Los municipios se declaran en bancarrota y muestran descarnados su dependencia del erario federal.

Los niveles de pobreza y de pobreza extrema que todo esto traerá serán medidos en los próximos años y nos dirán, con cifras, lo que desde hoy ya conocemos: la pauperización de los depauperados. INEGI y Coneval acaban de reseñar los dos primeros años de este gobierno en la materia.

La conclusión básica indica que en México, hoy, los pobres son más pobres y la población más desigual. Cuando vuelva a medirse el fenómeno de la pobreza en la siguiente encuesta bianual, ya asentados los impactos de lo que ahora está en curso, se constatará, amargamente, que los avances o logros que se hubieran obtenido, por lo menos en la última década, con programas sociales, políticas públicas y transferencia de recursos públicos para paliar miseria y marginalidad, se habrán evaporado merced a la devastadora crisis. El eje principal, ineludible, de un nuevo modelo económico deberá enfrentar realidades como ésta.