Manuel Ortega Fernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCECJ), dijo que los juarenses están hartos de la violencia y pidió que se considere un “estado de excepción” y que sea el propio Calderón quien despache desde esta ciudad fronteriza.
En tanto, organismos civiles se opusieron a la petición de que se envíen cascos azules —militares de la ONU— a reforzar las labores de seguridad, al afirmar que no es con fuerza como debe resolverse la violencia.
Representantes de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de Chihuahua (Cosydhac), del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social y del Comité Médico contra la Violencia rechazaron la presunta aprobación formulada, en la Ciudad de México, para pedir que cascos azules arriben a la ciudad.
La presencia de los casos azules complicaría la situación actual; “no se resuelve con la fuerza, necesitamos restituir el tejido social”, dijo Emilia González, de la asociación Cosydhac.
Hugo Almada Mireles, del Observatorio Juarense de Seguridad Pública, aseguró que fue sorpresivo el anuncio de algunos representantes de los sectores sociales de Juárez sobre la petición de cascos azules. Dijo que esa solicitud no fue consensuada.
“Nunca se mencionó en alguna reunión que se iba a pedir la presencia de los cascos azules”, repitió la directora del Comité Médico contra la Violencia, Leticia Chavarría.
Para vivir mejor. HernándezONU pide no prejuzgar a jóvenes masacrados
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, hizo un llamado para que las autoridades mexicanas resuelvan y aclaren el caso del asesinato de 16 jóvenes ocurrido en las primeras horas del domingo pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se trata, dijo, de un tema que genera “extrema preocupación”, en el que no se debe juzgar ni emitir veredictos a priori, en especial si se trata de vincular con el narcotráfico, y de manera anticipada, a los menores masacrados.
En entrevista posterior a su participación en un foro sobre discriminación contra mujeres, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Brunori dijo que cuesta trabajo aceptar que los jóvenes pertenecían a grupos delincuenciales y, por lo mismo, aseguró, “no me compro ninguna teoría a priori”.
Pidió a las autoridades no generar acusaciones públicas basadas en rumores y, en cambio, que tomen en cuenta todas las hipótesis que consideren necesarias, pero como parte de sus investigaciones.
El objetivo, expresó, debe ser evitar que el crimen de los 16 menores quede impune, y más cuando este tipo de asesinatos también se ha registrado en otros estados del país, como ocurrió en Torreón, Coahuila, donde 10 jóvenes fueron acribillados el fin de semana.
El pasado martes, el presidente Felipe Calderón dijo que existía la posibilidad de que la masacre en Juárez tuviera como origen una disputa entre pandillas rivales.
Ese mismo día, la Procuraduría de Chihuahua dio a conocer el testimonio de un presunto miembro de la delincuencia organizada, quien aseguró que había participado en la matanza y que el móvil de las ejecuciones era que los agredidos trabajaban para el cártel de Sinaloa.
Ayer, la Procuraduría aseguró que, según investigaciones, los estudiantes asesinados no tenían relación con pandillas.
Impune, violencia de género
Durante el foro “Treinta años de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Retos y Perspectivas en México” —organizado por la Corte—, Brunori también denunció que en México la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados o sancionados por los sistemas de procuración y administración de justicia.
Afirmó que “son muchos los contextos en los que persiste un patrón de impunidad. La desconfianza de las mujeres hacia la capacidad de las instancias judiciales —como entes capaces de proteger sus derechos— las desincentiva de utilizar el sistema de justicia. Eso genera un círculo vicioso que es imperativo romper”.
Lamentó que “no obstante los importantes avances registrados en los últimos años, como la aprobación de leyes tendientes a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y prevenir y sancionar la trata de personas, en México aún subsiste una importante distancia entre la incidencia y la gravedad de los problemas que enfrentan las mujeres y la calidad de la respuesta judicial ofrecida”.
Expresó preocupación por el hecho de que México ha recibido varias recomendaciones por no acatar lo dispuesto en la convención, y adelantó que el país será sometido a un nuevo examen en la materia.
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