Alto a la violencia

Ante el paroxismo de violencia en el que han desembocado las acciones de la delincuencia organizada en el país y la guerra en su contra en la que se empecina el gobierno federal, resulta inocultable que las víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus garantías y su seguridad, el tejido institucional y la integridad moral de la República. Las declaraciones reiteradas y los despliegues –aparatosos, pero sin resultados– de fuerzas públicas frente a escenas de barbarie y crueldad como las que se desplegaron el sábado en Acapulco son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la inacción sociales ante esta catástrofe.

Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente administración, algunos saldos visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son, precisamente, la destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación del poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.

Las cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan alarmantes como el saldo rojo: en este cuatrienio la gran mayoría de los presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados, ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por corrupción judicial o por una combinación de ambos factores. El resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la población y, por la otra, la casi total impunidad de los criminales.

Adicionalmente, los datos –incluso los oficiales– permiten entrever que las diversas modalidades de la delincuencia conforman por sí mismas un sector económico, acaso el más pujante en el contexto de una recuperación incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las ganancias del narcotráfico, como lo señalan diversos especialistas. El lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año tendría que ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la persecución policial y militar no puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.

A pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el sentido de que la mayor parte de los muertos de esta guerra han sido integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es una garantía individual que corresponde a todas las personas, independientemente de su situación jurídica. Y, en rigor, los cerca de 30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del actual conflicto eran inocentes, toda vez que no fueron declarados culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.

La actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia antidelictiva, empeorar la situación de peligro, terror y zozobra en la que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía nacional más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la desintegración institucional que ya se vive.

La defensa de la legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país.

El gobierno calderonista debe asumir, de cara a la sociedad, los costos políticos de su decisión inicial: el emprender una guerra –la expresión es de sus promotores– contra la delincuencia sin contar con la preparación institucional y operativa necesaria, sin comprender a cabalidad la extensión del problema, sin considerar sus aspectos sociales, económicos y financieros, y sin tener la legitimidad política que se habría requerido para convocar al país a la unidad y la movilización contra las organizaciones criminales.

Por definición, a la criminalidad organizada no se le puede pedir que actúe con responsabilidad, apego a derecho o sentido de Estado. Por su propia supervivencia, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a las autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.

Editorial
La Jornada

Caricaturistas mexicanos promueven la campaña '¡Basta de sangre!'

En un país con 30,196 muertes violentas vinculadas a la guerra contra el crimen organizado iniciada por el presidente Felipe Calderón, no es tan difícil imaginar por qué un caricaturista encabeza la campaña ¡Basta de sangre!

Bajo la iniciativa de Eduardo del Río, Rius, uno de los moneros más importantes del país, el objetivo es impulsar, a partir de este 10 de enero, un movimiento ciudadano que exija poner un alto a la violencia que padece el país.

Los promotores, entre los que se encuentran otros caricaturistas mexicanos como José Hernández (@monerohernandez) y Patricio Monero (@monosdepatricio), piden a los ciudadanos que en un pedazo de papel escriban la frase "¡Basta de sangre!" y que la coloquen en sus autos, ventanas y puertas de su casa o en centros de trabajo.

"Estamos proponiendo que no sea una campaña de caricaturistas o de periodistas sino estamos invitando a la gente, a cualquier que esté harto y que crea que esta guerra es absurda y que el crimen no se termina a balazos, que se manifiesten", dijo Patricio en entrevista con CNNMéxico.

En la campaña, en la que participan más de 10 caricaturistas mexicanos, se propone manifestarse en las redes sociales como Facebook y Twitter, usando la imagen realizada por Alejandro Magallanes como foto de perfil o avatar.

En la revista El Chamuco, donde publican sus cartones algunos de los promotores, se recogió la convocatoria: "¿No te sientes mejor por estar haciendo algo por ti y tu familia, y hasta por tu patria? En vez de quedarte con los brazos cruzados esperando a ver a qué horas le toca un plomazo a alguno de tus seres queridos, y entonces sí ponerte a llorar y protestar, ya estás haciendo algo".

La llamada guerra por la seguridad inició en diciembre de 2006 con el presidente Felipe Calderón. Entre las entidades más afectadas por la violencia están Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Guerrero.

Algunas corrientes de oposición, académicos y organizaciones civiles han pedido que se cambie de estrategia en el combate a la delincuencia. Sin embargo, el gobierno federal sostiene que seguirán encarando frontalmente a las bandas del crimen para "garantizar la seguridad" de las familias mexicanas, aunque esto "nos va a tomar pérdida de vidas humanas", según las palabras de Calderón en octubre pasado.

"Nosotros, como colectivo de caricaturistas, al principio del sexenio, desde que tomó posesión Calderón y anunció su supuesta guerra, fuimos los primeros en decir que era absurda y que sólo iba a acarrerar mucho más violencia y asesinatos", dijo Patricio.

En su mensaje de año nuevo, el presidente mexicano dijo sobre la lucha contra el crimen: "puedo asegurarles que estamos avanzando por la ruta correcta y que vamos a derrotar a los criminales, para construir finalmente un México de paz, un México seguro, un México donde nadie esté al margen de la ley y donde nadie viva con temor".

Helguera. Diversión.

El Fisgón. Ya no más.

Hernández . No más...