Desfiladero

Jaime Avilés

Ayer fui a la Procuraduría General de la República. “Quiero dejarles estos papeles que demuestran mi inocencia”, expliqué mostrando un abultado fólder. “¿De qué se le acusa?”, me preguntaron. “¿A mí? De nada”, les dije. “Lo sentimos, no le podemos recibir su documentación. Primero lo tienen que acusar de algo”, me aclaró una jurista. “¿Y por qué a Mouriño sí le admitieron sus contratos, si tampoco hay denuncia penal contra él?”, reviré.
“Órdenes de arriba”, contestó la mujer, apuntando con el dedo hacia el techo, o más bien, hacia el norte, esto es, hacia Estados Unidos, el país que aguarda con mayor impaciencia (después de España) la privatización de Pemex.

Han transcurrido 20 días desde que estalló el escándalo y la banda de Los Pinos no cesa de enlodarse. “El mejor escenario para el gobierno federal sería que el Frente Amplio Progresista optara por la vía penal porque entonces el secretario de Gobernación tendría todos los elementos a su favor para defenderse”, opinaban la semana pasada dos genios: Santiago Creel y Germán Martínez, los respectivos líderes del Senado y del partido en el poder, nada menos, al analizar la desesperada situación de Mouriño (La Jornada, 7/03/08). Y Felipe Calderón, con su agudeza característica, vio en esas palabras una rendija de luz en medio de la noche, y dio una orden que… podría acabar con la carrera política del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Desde el martes pasado, cuando Mouriño envió a la PGR todos los contratos que firmó ilegalmente con Pemex de 2000 a 2004 –como empresario petrolero y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como empresario petrolero y coordinador
de asesores del secretario de Energía, y como empresario petrolero y subsecretario de Electricidad–, Medina Mora debió declararse incompetente para conocer del asunto, por la sencilla razón, arriba ya expuesta, de que a Mouriño nadie lo está acusando de nada en términos legales. Sin embargo, al admitir el expediente, el procurador se convirtió en un miembro más del grupo de funcionarios del más alto nivel que se han coludido alrededor de Calderón para cometer delitos graves de manera organizada.

Más allá de los 100 millones de pesos que Ivancar, la empresa de Mouriño, ganó
transportando productos de Pemex; más allá de los contratos por 501 millones de pesos que las empresas constructoras del suegro de Mouriño firmaron en los dos primeros meses de 2008 con el gobierno de facto; más allá de las pequeñas fortunas que los mejores amigos de Mouriño estén amasando como funcionarios públicos federales, lo que de verdad descalifica no sólo al niño bonito de Galicia sino a toda la banda que se robó las elecciones en 2006, es lo que están haciendo, y lo que pretenden hacer, con las riquezas del subsuelo de México y con la industria de los energéticos en general.

En septiembre de 2007, apenas seis meses atrás, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía suscribieron un contrato con la petrolera española Repsol por un valor de 16 mil millones de dólares. Repsol se comprometió a comprarle gas natural a Perú para revendérselo, por supuesto más caro, a la CFE. En la historia de México no se había realizado un negocio más abusivo y absurdo. Fijaos… Repsol recibirá el gas en una planta, que aún no existe, en la zona peruana de Camisea, y lo mandará por barco a otra planta, que tampoco existe, en la costa mexicana de Colima, a unos 7 mil kilómetros de distancia.

En Camisea, el gas será enfriado hasta que sus moléculas se reduzcan mil 600 veces de tamaño, con lo que se hará líquido, para que entonces Repsol pueda almacenarlo y embarcarlo. Al llegar a Colima, Repsol lo descongelará para que recobre su condición original y pueda enviárselo por tubería a la CFE, que a su vez se lo entregará, ¡obviamente!, a empresas españolas como Iberdrola, Unión Fenosa y Mapfre, que junto con otras firmas privadas ya generan, ilegal e innecesariamente, la tercera parte de la energía eléctrica del país, aunque la Constitución se los prohíba. De esta suerte llegarán a Colima 500 millones de pies cúbicos de gas natural diarios, mientras en la sonda de Campeche seguirán quemándose 700 millones de pies cúbicos, igualmente diarios, debido a que desde el sexenio de Zedillo el gobierno se niega a construir una planta para aprovechar ese recurso que se desperdicia a lo tonto.

Por si lo anterior fuera poco, México se comprometió a edificar la planta regasificadora de Colima sin costo alguno para Repsol, mientras diversas empresas extranjeras exploran en Altamira, Tamaulipas, cerca de Tijuana, Baja California, y de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en busca de enormes yacimientos de gas natural que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, son de todos los mexicanos. ¿En cuánto saldrá el negocio del gas peruano?
Hay que repetirlo: en 16 mil millones de dólares. Si México invirtiera 10 mil millones de dólares tendría dos nuevas refinerías, con las que podría fabricar toda la gasolina que actualmente importamos. Y aun sobrarían 6 mil millones de dólares, para dedicarlos, por ejemplo, a la investigación científica, en lugar de los míseros 37 millones de pesos que el año pasado destinó a ese rubro el visionario Calderón.

Éste sacó a Mouriño de las discotecas para usarlo como títere en los negocios petroleros, desde antes de ser secretario de Energía. Hoy busca la forma de conservarlo a como dé lugar, aunque esté políticamente muerto, confiado en que Bush, pase lo que pase, respaldará a toda la banda de Los Pinos mientras ésta le cumpla lo que le prometió en la campaña de 2006, esto es, devolver a las empresas petroleras amigas de Washington las riquezas del subsuelo de México: este es el verdadero fondo del asunto.