Casi todo ha sucedido en los casi tres meses del debate petrolero: les llovió a los legisladores; hubo un periodo extraordinario conflictivo; el PAN cambió a su coordinador en el Senado; el PRD se hundió en una crisis interna por la elección de sus dirigencias; en el PRI se conformó un sólido bloque opositor a las iniciativas de Calderón; el gobierno federal perdió el impulso de su reforma, y hasta escándalos de espionaje se ventilaron en medio del análisis de este proceso. ¿Qué sucederá ahora?
Un primer balance de los 21 foros donde participaron 158 ponentes de muy alto nivel arroja una experiencia muy positiva en el ejercicio legislativo. Si los senadores no toman en cuenta las más de 70 propuestas que se hicieron a lo largo de los foros estarían fallando a una opinión pública pendiente de un sector complejo, pero esencial para el futuro del país.
El debate entre legisladores y especialistas fue pobre, pero la información, las críticas y la reflexión expresadas a lo largo de los foros, demostraron que existen “sabios petroleros” de muy alto nivel que no fueron consultados por el gobierno federal antes de presentar sus seis iniciativas. Los defensores del proyecto calderonista no tuvieron la solidez necesaria para convencer de la viabilidad y la constitucionalidad de los cambios propuestos.
Los cinco grandes ejes de las reformas presidenciales quedaron resquebrajados:
a) Se puso en duda la constitucionalidad de la apertura en los sectores de refinación, petroquímica secundaria, ductos, transporte y almacenamiento.
b) Quedó evidenciado que las iniciativas no garantizan el fortalecimiento de Pemex, ya que la paraestatal seguirá siendo exprimida fiscalmente por la Secretaría de Hacienda.
c) La corrupción de antes y de ahora corre el riesgo de potenciarse con el nuevo diseño del Consejo de Administración propuesto por Calderón. A la burocracia sindical no se le quitan sus privilegios y los cuatro “consejeros profesionales” en realidad son consejeros presidenciales.
d) No se crea una verdadera autonomía de gestión para Pemex, sino simplemente un régimen mixto: todo lo nuevo será para favorecer a los nuevos contratistas privados y todo lo viejo seguirá dominado por la opacidad, la dependencia y la corrupción.
e) Se exhibieron las mentiras más graves del diagnóstico oficial: las reservas son mayores a las reconocidas: en lugar de nueve años, tenemos reservas probadas para 21; Pemex sí tiene recursos para construir sus propias refinerías; no es en aguas profundas sino en aguas someras donde existe un auténtico “tesoro”; es mentira que Pemex no tenga técnicos capaces. Lo que ha sucedido es un desmantelamiento muy grave del Instituto Mexicano del Petróleo y una creciente dependencia hacia las trasnacionales con el argumento de “importar” tecnología.
Este es un apretado resumen de los cinco ejes que se derrumbaron durante los 21 foros. Pero también se ventilaron preocupantes irregularidades y corruptelas en Pemex, como sucedió en el penúltimo foro, donde el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, sin emitir un solo adjetivo, aportó cifras preocupantes sobre la opacidad de varias subsidiarias de Pemex.
El menosprecio inicial de los medios masivos en torno a este foro –sólo hasta el 10 de junio Televisa y TV Azteca comenzaron a cubrir de manera muy pobre la imagen de los debates sin ir al fondo--, no ha impedido que se generara un interés entre un sector importante de la opinión pública. El papel del Canal del Congreso ha sido clave para la difusión en vivo de estos foros. Una de las lecciones de este ejercicio es la necesidad de que el Canal del Congreso se convierta en una señal de televisión abierta. Una televisión pública no se guía por el rating, sino por el servicio público. Y la difusión de los foros de debate es un servicio público esencial.
Los críticos de las iniciativas no han articulado una propuesta alternativa clara. El PRI está atenazado entre dos corrientes: la negociadora, que pretende enmendar las iniciativas de Calderón sin cambiar su lógica de apertura, y el sector duro priista, que se opone a cualquier intento de privatización. Esta semana sabremos cómo se procesará al interior del PRI estas dos posiciones.
El PRD y los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) han rechazado las iniciativas. La diferencia ha radicado en las corrientes internas del PRD: un sector pretende negociar con el PRI y el PAN una “reforma de consenso” y el otro sector, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se opone a una negociación y ha señalado la necesidad de darle una prioridad a la consulta popular.
El desenlace aún no está claro. El ejercicio de consulta ciudadana que se realizará en la ciudad de México el 27 de julio incidirá en el proceso legislativo, en la medida en que el Senado y la Cámara de Diputados sepan hacer una lectura inteligente y no sectaria de lo que se exprese en esta consulta, con todo y sus deficientes preguntas.
Lo que sí ha quedado claro es que hay un interés social creciente por participar en el diseño del futuro petrolero mexicano. Este diseño no puede ser resultado sólo de unas iniciativas que pretendieron aprobarse por la vía fast track. Este fue el derrumbe más importante en la temporada política. Corresponderá ahora a los senadores hacer la lectura adecuada de este derrumbe para reconstruir una genuina reforma energética y no simplemente una venta de garage de Pemex.
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