El gobierno federal aseguró que “México no está en guerra” y señaló que la lucha contra las organizaciones criminales se lleva a cabo en “estricta observancia a la ley”.
Al responder al informe de Human Rigths Watch (HRW) sobre la violación de derechos humanos en el país, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores precisaron que “el combate a la criminalidad es precisamente para restablecer el estado de derecho y garantizar la libertad de todos” los mexicanos.
La organización aseguró que la lucha contra el narcotráfico, en vez de reducir la violencia, ha generado un “incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen agravar el clima de descontrol y temor que predomina en el país”.
En su informe “Ni seguridad ni derecho: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México”, señaló que en la administración de Felipe Calderón fuerzas federales y estatales han participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales.
En contraste, el presidente Felipe Calderón reiteró que la principal amenaza para los derechos humanos son los criminales, pues mediante homicidios, secuestros y extorsiones violan de manera sistemática las garantías de los ciudadanos y sus familias.
El mandatario recibió ayer en Los Pinos a directivos de HRW. En la reunión se acordó crear un grupo de trabajo conjunto para analizar el contenido del informe.
La respuesta del gobierno federal fue hecha por Felipe Zamora, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.
Ambos señalaron que “la participación de las fuerzas federales para restablecer la seguridad y el orden se ha dado a petición de las autoridades locales; se trata de una colaboración temporal y subsidiaria hasta que las instituciones locales restablezcan sus capacidades”.
Detalles del informe
La investigación de WRH se realizó en estados con alto nivel delictivo: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
El organismo dijo tener “evidencias contundentes” de que soldados y policías han perpetrado desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
El documento precisa que entre 2007 y abril de 2011 autoridades militares iniciaron mil 615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles, pero ninguno ha sido condenado.
En tanto, la PGR ha iniciado 997 investigaciones por homicidios vinculados al crimen organizado,pero los jueces solamente han condenado a 22 personas.
En sus recomendaciones, HRW señala que el Congreso debe reformar el Código de Justicia militar para que las autoridades civiles investiguen delitos de militares.
El informe fue presentado por José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, al presidente Felipe Calderón.
El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, indicó que la estrategia de seguridad en México se basa en una política de Estado que garantiza la protección de los derechos humanos y lleva ante la justicia a los criminales, que son quienes torturan, secuestran, asesinan y corrompen.
Reiteró que las fuerzas federales participan en este esfuerzo a petición de las autoridades locales, en tanto se restablece su capacidad para cumplir su responsabilidad de garantizar la seguridad y procurar justicia.
Insistió que el gobierno federal ha asumido un compromiso “sin precedentes” en materia de derechos humanos y una total apertura a la observación y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales promotores dichas garantías fundamentales.
En un comunicado, el presidente Calderón manifestó su convicción de que el respeto irrestricto a los derechos fundamentales es un elemento esencial para la consolidación de la democracia y la construcción de la seguridad auténtica y duradera.
Al recibir a los representantes de WRH en Los Pinos, Calderón estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Francisco Blake; de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; la procuradora general de la República, Marisela Morales, y la coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandra Sota.
Reunión en PGR
La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, se reunió también con integrantes de HRW, a quienes aseguró que México ha avanzado en la defensa y garantía de los derechos humanos, además de impulsar una apertura y transparencia sin precedentes, facilitando la observación internacional de sus prácticas.
Informó que la PGR mantiene una estrecha colaboración con instituciones como Gobernación, Sedena, SSP federal y Marina para sumar esfuerzos en el combate al crimen organizado. La procuradora expuso los avances en la instrumentación del sistema penal acusatorio en México.
MILENIO
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