La Jornada
Y dónde está el vocero de la presidencia: una sola voz que informe a los medios y asuma la responsabilidad? En un remolino de declaraciones inconsistentes se ha dicho todo, menos la verdad. El dinero está aquí, está allá: ¡regresó! ¡De prisa!, que se vuelve a escapar. Y tras atropelladas manifestaciones sobre la increíble circunnavegación del dinero (Banco del Ejército, Banco Santander, Bank of America, Reserva Federal, Tesorería de la Federación, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, “SAE”, y Banco de México) la Procuraduría General de la República determinó finalmente que el dinero asegurado ¡no constituía elemento de prueba en contra de Zhenli! Entonces, ¿por qué se entregaron los fondos al SAE, que es la entidad facultada para administrar bienes asegurados que son objeto de proceso? Pero como el dinero no constituye ahora elemento de prueba la PGR “decidió realizar su autentificación en Estados Unidos y luego repartirlo” (El Universal 30/07/07). Este disparate creó mayor confusión y provocó una andanada de dudas: ¿de qué se acusa a Zhenli, entonces? ¿Por qué el decomiso originalmente anunciado? ¿Por qué autentificació recuento fuera de México? Finalmente, ¿dónde está el Estado de Derecho? Porque aquí y en China (perdón por el chascarrillo) hasta los criminales tienen derechos.
No olvidemos que este dinero, que hoy resultó ser lícito, fue definido inicialmente por Felipe Calderón el día del operativo como “el mayor decomiso de dinero sucio en la historia de la humanidad”. Ahora se nos presenta sucesivamente como sucio, limpio, incautado, abandonado y repartido. Se envió supuestamente a la Reserva Federal por ser la “única instancia legal facultada para autentificarlo y contarlo”. Pregunto: ¿quién “autentifica” y cuenta los millones de dólares que compran y venden diariamente las instituciones de crédito mexicanas? ¿Nos dan gato por liebre?
En incomprensibles declaraciones frente a legisladores de la Comisión Permanente, el director del SAE sacó otro conejo de la manga: Banco Santander, “como Filial de Bank of America en México”. Y al detallar la ruta del “dinero físico” (olvidando que esas enormes cantidades se mueven usualmente por transferencia electrónica), el funcionario informó que la PGR entregó el numerario al Banco del Ejército, éste al Banco Santander, y este último finalmente a la Reserva Federal en Estados Unidos. (¿En este increíble periplo se habrán quedado algunos dólares en el camino?) A partir de este proceso –dice El Universal– “el gobierno mexicano no volvió a ver físicamente el dinero” (y como diría el mítico don Teofilito del cuento, ¡ni lo verá!).
Según el SAE, Bank of America “acreditó el dinero” (¿a quién?) y revirtiendo el proceso avisó electrónicamente a los interesados hasta “remitir la transferencia a la Tesorería de la Federación y al SAE, y luego estos a Banxico”. Alguien necesita revelar al Congreso y a los medios cómo se transportó el dinero a Estados Unidos, y si está depositado en ese país en la cuenta de alguna entidad del gobierno mexicano. (¿Lo reclamó la DEA o se repartió entre los dos países?) Sin embargo, con anterioridad a la reciente versión del SAE, el procurador general de la República había dado una historia diferente: dijo que los recursos “estuvieron en el Banco del Ejército y después en la Tesorería de la Federación, y la Tesorería los depositó en Banxico”. (¿Qué pasó con Banco Santander, Bank of America y la Reserva Federal?)
En cuanto a la situación jurídica del dinero, explicó “que no se trató de un decomiso, sino de un aseguramiento, y después de un procedimiento de abandono” (La Jornada 28/07/07). Y para defender la tesis del “abandono” citó el artículo 22 de la Constitución, que establece que “no se considera confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono”. Pero olvidó añadir que la aplicación debe ser aprobada por una autoridad judicial al término de un proceso por “delincuencia organizada”.
¿El dinero es o no fruto del crimen organizado? ¿Dónde está la sentencia? ¿Por qué se pagó a la Reserva Federal un millón y medio de dólares para “autentificar” y contar el dinero, y por concepto de seguro? (La referencia al “seguro” indica que el dinero viajó físicamente a Estados Unidos.) El procurador citó también el artículo 182-A del Código de Procedimientos Penales, que obliga a levantar un acta detallada y entregarla al interesado o a su representante legal antes de causar el abandono. ¿Se notificó a Zhenli?, porque éste acusó a la PGR ante un juez federal “de violar su patrimonio personal e intentar engañar a las autoridades judiciales mexicanas” (La Jornada 02/08/07).
En el caso de Watergate, otro intríngulis político plagado de encubrimientos, “garganta profunda”, el informante que ayudó al Washington Post a resolver el caso, aconsejaba insistentemente a Bob Woodward y Carl Bernstein, los periodistas que desenmascararon al gobierno de Nixon: follow the money (sigan la ruta del dinero). ¿Será esa la fórmula para resolver el misterio del chinogate?
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