Es difícil analizar en sus estrictos méritos un escándalo como el que tiene en su centro al todavía secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y en su génesis a Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que éste haya dado a conocer el presunto tráfico de influencias basta para tenerlo como verdad revelada para unos y como mentira dolosamente inventada para otros, así de polarizadas continúan grandes porciones de la sociedad. Sin embargo, conviene intentar ese análisis, y una buena manera de hacerlo es examinar los datos duros. Veamos:.
1) En su carácter de apoderado de Ivancar, Mouriño firmó con Pemex contratos que beneficiaban a una empresa de su familia, y cuando lo hizo era, simultáneamente, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados o asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa. La autenticidad de los contratos está fuera de duda porque el propio Mouriño la reconoció públicamente.
2) La primera reacción del joven secretario, expresada en Los Cabos, exhibió una gran inexperiencia en el manejo de crisis políticas, algo que resulta inaceptable en quien tiene entre sus tareas precisamente enfrentar y resolver tales crisis.
3) Una segunda reacción (entrevistas con medios electrónicos y envío de documentos a la PGR) ocurrió después de la entrevista de Mouriño con el líder priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, cuya influencia política es tan notoria que un chiste en boga lo ubica como “el verdadero presidente legítimo” de México. La obvia percepción fue de fortaleza en Beltrones y debilidad en Mouriño.
4) Legisladores, gobernadores, funcionarios de Los Pinos y dirigentes partidarios, todos del PAN, han externado su solidaridad con Mouriño y algo semejante hicieron algunos prominentes priistas. Ésos son hechos que, aparte de recordar las “cargadas” de antaño, sugieren dos preguntas: ¿suponen el presidente y su secretario de Gobernación que al brindarles apoyo los priistas hacen un ejercicio de solidaridad, o más bien deberían temer el alto precio de tal respaldo? ¿No deberían los panistas preguntarse muy seriamente si Mouriño ha cumplido los compromisos expresados en el Código de Ética partidario, en el sentido de que el servidor público panista actuará “sin buscar intereses particulares ni beneficios personales, para familiares o amistades” y sin involucrarse “en situaciones o actividades que signifiquen un conflicto de intereses, personales o familiares”?
5) Es evidente que Mouriño y el gobierno están buscando al tiempo como aliado, pero conforme éste avanza, el escándalo crece. Se habla ya de otros contratos poco éticos y de personajes como Karim Elías Bobadilla, muy conocido en Campeche y a quien se ubica como pieza de Mouriño en Pemex Exploración, y de Jesús Villarreal Gallegos, firmante junto con Mouriño de los famosos contratos y quien renunció a su puesto en la SSP capitalina, poco después de que “Reforma” le preguntó sobre su relación con el hoy secretario en entredicho. Otro de los datos recientes indica que Constructora Escalante, presunta propiedad de la familia política de Mouriño, pasó de contratar obras por 10 millones de pesos con Pemex (entre 2002 y 2004) a contratos por 163 millones en 2007, según lo dio a conocer el senador Carlos Navarrete.
6) El escándalo arreciará después de Semana Santa y por lo pronto ya está alcanzando al presidente Felipe Calderón, como lo demuestra una encuesta telefónica de María de las Heras difundida por “Milenio Diario”: 85% de los consultados considera “moralmente incorrecto” lo que hizo Mouriño, 68% opina que debe renunciar y —lo más grave— 53% cree que Felipe Calderón sabía de los contratos con Pemex.
Mi conclusión es que de poco servirá la previsible exoneración de la PGR, tras una extraña investigación abierta a solicitud de Mouriño y cuya constitucionalidad es poco clara, pues no estuvo precedida de denuncia o querella alguna. Y tampoco tendrá utilidad la ya mediatizada comisión especial de la Cámara de Diputados. Todo ello porque, en éste como en muchos casos, la percepción es definitoria. En consecuencia, de no practicarse una rápida operación quirúrgica, el escándalo terminará por dañar la imagen y el gobierno del presidente Calderón, y convertir a Juan Camilo Mouriño en un zombie político. El diccionario define al zombie como “una persona que se supone muerta y que ha sido reanimada por arte de brujería, con el fin de dominar su voluntad”.
¿Alguien quiere en la Secretaría de Gobernación a un zombie con la voluntad dominada, por ejemplo, por Manlio Fabio Beltrones? De ese tamaño es el riesgo.
Y los moneros se han dado rienda suelta...
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