El innombrable II

Areli Quintero
El Centro

Cuanta pena ha de causar al panismo nacional el escándalo de las propiedades del ex presidente Vicente Fox, que no se atreven ni a pronunciar su nombre.
Ayer, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza German Martínez Cázares, dio respuesta a la petición de los senadores para investigar el enriquecimiento del ex mandatario.
En un comunicado, que honra la idea de quienes dijeron que los politicos son los grandes farsantes que hablan mucho y dicen poco, la dependencia informó que “estará atenta a las determinaciones que sobre el particular adopten las respectivas cámaras legislativas”.
De esta manera dio su postura, sin mencionar en ningún momento el nombre del ex mandatario y se refiere al tema como “la situación patrimonial de diversos ex funcionarios públicos”.
¡Qué alivio causa a la ciudadanía saber que el Secretario promete estar atento! Sobre todo cuando ya debería estar actuando.
El gobernador romano Cornelio Tácito advirtió desde su época que entre meas corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes. El Estado mexicano está plagado de ellas. Una de las más elementales, sin duda, es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 57 dice que “todo servidor público, incluido el Presidente, debe presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.
Fox no lo hizo, de so ya no hay duda. Se documentó de manera precisa desde 2005 en el libro “La familia presidencial” y en varios reportajes, como el de la revista Proceso, que dio a conocer una adquisición más de la pareja presidencial: la playa del Tamarindillo. Ni el rancho La Estancia, ni sus lujosos autos, ni esta playa, ni el jeep en el que se pasea para no offender con sus camionetas Hummer – obsequiadas por su esposa Marta – esteán asentadas en sus declaraciones patrimoniales. No estuvieron cuando fue Jefe de Estado, o sea que la responsabilidad como funcionario público parece menor mientras más alto el cargo.
Las nuevas administraciones no han sabido crecer con la sociedad que les dio su voto y exige de sus gobernantes más que el ignorante argumento dado por Sahagún cuando dice que tiene derecho a mejorar sus condiciones de vida. A cambio de acciones, tenemos declaraciones que prometen estar “atentos” porque lo otro, desde el punto de vista de Martínez Cázares, sería linchar.
Reportajes como el de La familia presidencial sa lieron a la luz no por concesión del gobierno, sino en apego a una libertad de expression que decidieron ejercer dos medios escritos: Diario Monitor y la revista Proceso, y una editorial, Random House Mondadori, la cual decidió publicarlo a pesar de una llamada tardía de Sara Guadalupe Bermúdez, ex directora de Conaculta, y quien con el poder que le otorgaba ser la protegida de la Primera dama, preguntó a un directivo de la editorial qué es lo que querían a cambio de que ese libro nose publicara.
El texto ya había sido censurado por la editorial Norma, cuyos directivos, de manera mezquina, entregaron el libro al gobierno federal cuando aún no estaba publicado. Es fácil entenderlo: sus ganacias viene precisamente del gobierno federal.
La libertad de expresión que deciden ejercer medios como en su momento lo hizo Diario Monitor y ahora EL CENTRO o la revista Proceso, entre otros, no es un regalo de la trancisión partidista. En cambio, el castigo al abuso del poder, en términos legales, sí está en sus manos, trátese de quien sea, sin embargo aún falta ver si esta administración está dispuesto a aplicarlo.