CNN
Traducción de Erich Moncada
El domingo pasado el presidente mexicano Felipe Calderón le exigió a Estados Unidos que entregue su soberanía, abandone su estado de derecho y se doblegue a la supremacía de México.
En su informe de gobierno al pueblo mexicano Calderón delineó sus objetivos imperialistas: “he dicho que México no termina en su frontera, que donde quiera que haya un mexicano, ahí está México por eso la acción del Gobierno en favor de nuestros paisanos migrantes se guía por principios, por la defensa y protección de sus derechos”.
Calderón protestó por el aumento de las redadas y la vigilancia de los centros de trabajo por el gobierno de Estados Unidos en contra de quienes emplean a trabajadores ilegales. El Departamento de Seguridad de la Patria (DHS), en lo que se ha convertido en algo más que un guiño a la administración Bush para hacer valer su responsabilidad de cumplir las leyes de migración de nuestro país, planea enviar notificaciones a los empleadores desde la Administración del Seguro Social informándoles de todos sus empleados cuyos nombres y números del seguro social no concuerdan. Estos empleadores se verán obligados a resolver cualquier discrepancia dentro de 90 días o se les requerirá que despidan al trabajador o se harán acreedores a una multa de hasta 10 mil dólares por contratar inmigrantes ilegales con pleno conocimiento
Sin embargo, grupos etnocentristas de activistas y algunos sindicatos de trabajadores con intenciones de engrosar sus filas, interpusieron una demanda para detener las redadas o la contratación de trabajadores ilegales. La semana pasada un juez federal en California emitió una suspensión temporal para detener el plan, otorgándole una victoria a la AFL-CIO (uno de los mayores sindicatos gringos, de tendencia demócrata), la American Civil Liberties Union (el equivalente a la CNDH pero con credibilidad y prestigio) y el National Immigration Law Center, organismos que interpusieron la demanda alegando que el DHS excedía sus facultades con dichas reformas legales.
El juez de distrito emitió su decisión como si fuera un empleado del gobierno mexicano en vez del gobierno estadounidense. Seguridad de la Patria sólo estaba cumpliendo las leyes migratorias existentes. ¿Somos o no somos una nación que cumple el estado de derecho? Si no es así, hemos dejado de tener una nación.
Calderón debió estar complacido con el veredicto del juez. Calderón, como sus antecesores Carlos Salinas y Vicente Fox (sic), ha fallado para establecer políticas que fomenten nuevos empleos para el pueblo mexicano y que eliminen la vergonzosa y rampante corrupción e incompetencia del gobierno de México.
Aún para los estándares de México, la descarada hipocresía de Calderón es sorprendente. Calderón le dijo al Washington Post hace un año que las leyes no eran conceptos relativos sujetos a las opiniones personales de justicia. Calderón establecía así una enorme diferencia entre sí mismo y su rival a la presidencia de México, Manuel López Obrador: “Creo en el estado de derecho”. Obviamente no creía en el imperio de la ley en suelo estadounidense.
Calderón no puede jugar en dos bandos. No puede fallar a los ciudadanos de su país y luego actuar como el Gran Protector Imperialista de los ciudadanos que han sido expulsados de manera ilegal por la pobreza y la corrupción hacia Estados Unidos. Nuestro país le da a México un superávit comercial de 65 mil millones de dólares en comercio y cerca de 25 mil millones en remesas de los ciudadanos mexicanos que trabajan ilegalmente aquí, además de otros 25 mil millones generados por el tráfico ilegal de drogas a lo largo de nuestra frontera sur.
Pero es el presidente Bush y este Congreso los que deben sentirse avergonzados ya que están fracasando al defender los derechos de los americanos (sic) para vivir en su propio país; menos derechos que los que Calderón exige para sus ciudadanos que viven ilegalmente en nuestra nación.
Leer el texto original (en inglés)
Hipocresía? ah chin**...
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